domingo, 31 de enero de 2010

Titular CNDPI estigmatiza radios comunitarias: "AMARC-México"

BALUN CANAN, México D.F., 21 de enero de 2010 (AMARC-México).- Este 14 de enero, en conferencia de prensa, Xavier Abreu, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), afirmó que “algunas radios comunitarias están sirviendo a favor del crimen organizado.” Conforme a lo publicado por medios de circulación nacional, el funcionario estableció que ésta es la razón por la cual se han efectuado diversos cierres de radios comunitarias e indígenas.

Dichas declaraciones demuestran la falta de conocimiento por parte del titular de la dependencia sobre la naturaleza y fines de una radio comunitaria. Dado que estos medios tienen como objetivo principal el velar permanentemente por los intereses de la comunidad, “el servicio a favor del crimen organizado” resulta incompatible con su labor. Las declaraciones del funcionario se agravan con el hecho de que no ofreció pruebas que justifiquen su afirmación, lo cual constituye una irresponsabilidad ante la gravedad de la acusación.

La radios comunitarias en México han tenido que esforzarse fuertemente a fin de subsistir frente a permanentes embates por parte del propio Estado mexicano. Es vergonzante que en el país donde existe uno de los mayores niveles de concentración de medios en el mundo y donde menos del uno por ciento de las estaciones de radio con licencia pueden ser operadas por las propias comunidades, no existan políticas públicas encaminadas a generar una mayor pluralidad informativa. Sobra decir que esta realidad constituye una permanente violación de los derechos de la ciudadanía, particularmente de aquellos grupos que históricamente han vivido situaciones de vulnerabilidad y discriminación.

Resulta inaceptable que el titular de la dependencia encargada de favorecer el desarrollo de los pueblos indígenas emita declaraciones que contribuyen a la estigmatización de las radios comunitarias, lo cual fortalece la situación imperante de exclusión y obstaculiza la lucha que dichos medios, incluyendo los indígenas, han llevado a cabo para su reconocimiento.

Por tanto, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) hace un llamado al encargado de la CNDPI para que se abstenga de realizar declaraciones de este estilo y cumpla con su función de llevar a cabo acciones que realmente posibiliten la existencia y desarrollo digno de los medios comunitarios e indígenas en el país.

Periodistas demandan acciones contundentes contra el crimen



BALUN CANAN, MEXICO D.F., 23 DE ENERO DE 2010.-La Asociación nacional de periodistas a.c. (ANPAC) y Asociaciones de periodistas exigieron a la Federación y a la autoridad estatal una investigación contundente sobre el asesinato del reportero radiofónico José Luis Romero y una respuesta enérgica ante el recrudecimiento de la violencia en la entidad.

Durante el sepelio del periodista en Higueras de Zaragoza, municipio de Ahome, el director general del noticiero Línea Directa, Luis Alberto Díaz, exhortó a la sociedad a no callar ni asumir una actitud pasiva frente a los hechos que enlutan a diario a cientos de hogares.

José Luis Romero, reportero de 44 años dedicado a temas de seguridad para Línea Directa, fue levantado el 30 de diciembre y su cuerpo hallado el pasado viernes a un costado de la carretera Los Mochis-El Fuerte, en la sindicatura de San Blas. Con él desapareció el ex militar Eliú Lorenzo Patiño, mientras consumían mariscos en Los Mochis.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, criticó que ante el incremento de la violencia, no existe una respuesta enérgica de las autoridades para frenar los crímenes.

Dijo que los comunicadores de Sinaloa están obligados a velar porque la muerte violenta del reportero no quede impune, por lo que mantendrán contacto con las autoridades judiciales del estado y la Procuraduría General de la República (PGR), instancias que abrieron por separado sus investigaciones.

Eduardo Valdez Verde, presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, pidió que en este homicidio y en los cientos de casos escenificados a lo largo de la entidad, la sociedad se una en una sola voz para exigir su esclarecimiento.

La presidenta de la Asociación Sinaloense de Comunicadoras, Eva Guerrero, lamentó que el temor que priva en la entidad no permita hacer frente a la situación de violencia e inseguridad, y que esta situación promueva la impunidad.

Las asociaciones de periodistas reprocharon el riesgo que implica ejercer su profesión e instaron a las autoridades a no archivar el caso.

El subprocurador de Justicia del estado, Rolando Bon López, dijo que dentro de las investigaciones se coteja la única bala extraída del cadáver del periodista, para determinar el calibre y hacer los comparativos de balística.

Indicó que para establecer el posible móvil, se revisa su historial periodístico, así como la vida del ex militar Eliú Lorenzo Patiño, quien permanece en calidad de desaparecido, para abrir varias líneas de investigación que lleve a esclarecer su muerte.

Convocatoria al Premio Nacional de Periodismo 2009

BALUN CANAN,29 DE ENERO DE 2010.-El Premio Nacional de Periodismo (PNP) es el reconocimiento del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C, a los periodistas que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública. Consulta como puedes participar. Fecha: Los trabajos postulados serán recibidos a partir del jueves 28 de enero de 2010 y hasta el viernes 12 de marzo de 2010

Lugar: Los trabajos podrán ser enviados o entregados de forma directa en: Gob. Francisco García Conde #5 Col. San Miguel Chapultepec. México 11850, D.F. cerca de las estaciones de metro “Juanacatlán” -rosa- y “Constituyentes” -naranja-) ó vía electrónica: www.periodismo.org.mx/postulaciones y www.pnp.org.mx/postulaciones

Participantes: periodistas con trabajos difundidos en cualquier medio (prensa, radio, televisión, páginas web mexicanas) entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2009, en categorías específicas

Contacto: Teléfonos: (55) 5276 4480 ó (55) 5276 4427 Correo electrónico: aguilar@pnp.org.mx Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

Convocantes: Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C.

El periodismo en México desprotegido y en peligro



BALUN CANAN, MEXICO D.F., 23 DE ENERO DE 2010 .-En Colombia –país de donde el gobierno de Felipe Calderón importa políticas y tácticas de combate al crimen organizado– costó mucho tiempo y muchos muertos comprender que la prensa ayuda a mantener el control social sobre las fuerzas armadas y a revelar la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, en México se sigue desprotegiendo, cuando no hostigando a los periodistas, dice en entrevista la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión ! Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.

El asesinato de periodistas a manos del crimen organizado es un problema creciente en México, y la respuesta básicamente militar del gobierno aumenta el riesgo que corren los comunicadores, asegura Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La respuesta militar del Estado al problema del narcotráfico puede convertirse en un problema mayor, porque la mayoría de los ejércitos que no han sido entrenados en la lógica de derechos humanos piensan en términos amigo-enemigo”, dice Botero en entrevista con Proceso.

La relatora de la CIDH afirma que en el continente hay mucha preocupación por los asesinatos y las desapariciones forzadas de periodistas en México, igual que por la falta de disposición del gobierno para brindarles más protección.

“El problema que está enfrentando México es probablemente uno de los más importantes para la libertad de expresión que tenemos en toda la región”, sostiene Botero, quien antes de llegar a la relatoría fue magistrada auxiliar en la Corte Suprema de su natal Colombia, donde también dirigió la Oficina Nacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

“Cuando el ejército piensa así, bajo los términos amigo-enemigo, el que escribe contra ti es tu enemigo, y si es tu enemigo es amigo de tu enemigo, por lo tanto es narco”, explica.
De esta forma, “el periodista no sólo termina siendo el blanco del narcotráfico, de la criminalidad organizada y de las mafias, sino también el blanco de quienes los están combatiendo. Y sobre todo cuando el periodista además investiga los abusos de derechos humanos que se cometen en esa lucha”, puntualiza.

Protección necesaria

La tortura y asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, que ocurrió el jueves 7 presuntamente a manos del narcotráfico, provocó que la relatora Botero hiciera un nuevo llamado urgente al gobierno de Felipe Calderón:

“La Relatoría Especial exhorta a las autoridades mexicanas a fortalecer en forma urgente los cuerpos de investigación abocados al esclarecimiento de esta clase de crímenes, e insta al Estado mexicano a crear mecanismos especiales de protección que respondan en forma adecuada y efectiva a la grave situación de riesgo que sufren los periodistas en ese país, particularmente en la zona de la frontera norte”, dice el comunicado de prensa que emitió la oficina de Botero el lunes 11.

La relatora de la CIDH subraya que el crimen organizado necesita la clandestinidad para funcionar y crecer. “Los principales enemigos de la clandestinidad son los periodistas, los buenos periodistas, los periodistas que no tienen miedo, que hacen periodismo de investigación y alertan a la sociedad sobre la existencia de las mafias”, apunta.

La situación de la prensa mexicana que investiga y difunde la problemática del narcotráfico, dice Botero, empeora cuando los periodistas dan a conocer los abusos a los derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad encargadas de combatir a los criminales.

Esa situación es particularmente peligrosa: “Ahí el periodista está perdido, está en el peor de los mundos”, enfatiza Botero.

Con la excepción de Colombia, en los países de América Latina no existen mecanismos necesarios y eficientes para brindar protección a los periodistas, comenta.

“En Colombia costó mucha sangre y, de alguna manera, una fuerte presión internacional para que el Estado reconociera la importancia de crear un Comité de Protección de Periodistas, al cual hay que invertirle mucho dinero”, señala.

–¿Existe en este momento una presión internacional para que en México se conforme un comité como ése? –pregunta el reportero.

–Hay que entrenar a todas las fuerzas de seguridad para que abandonen la teoría amigo-enemigo y entren en una teoría de lucha contra la criminalidad en un Estado democrático.
En la opinión de Botero, en el contexto del combate militarizado contra el narcotráfico como el que se realiza en México, la importancia de la prensa radica en que ayuda a establecer controles sociales para que el Estado rinda cuentas en materia de defensa de los derechos humanos.

“Uno no puede afrontar esa lucha con las mismas reglas criminales con las que actúan los narcotraficantes, y la única manera en que no haya abusos es que haya controles. Y el principal control es el que da la prensa”, enfatiza.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya le ha planteado al gobierno de Calderón la necesidad de crear un comité para la protección de periodistas en México. Botero dice que incluso el gobierno federal recientemente le informó que se evalúa la posibilidad de crearlo, aunque no hay fechas establecidas.

En Colombia, el Comité para la Protección de Periodistas actúa rápidamente cuando recibe un aviso de que está en riesgo la integridad física de un informador:

“Se envía a las fuerzas de seguridad a crear cordones de protección para el periodista y su familia. Tienen la orden de hacer todo lo que se tenga que hacer y eso obviamente cuesta una fortuna. Es claro que mantener las libertades en un conflicto como el que se está viviendo en México cuesta plata, pero eso es lo que cuesta la democracia”, dice Botero.

Duro aprendizaje

La relatora Catalina Botero confiesa que su labor es muy ardua porque es difícil convencer a los gobiernos de que deben hacer algo similar o igual a lo que hizo Colombia para defender a la prensa.

“Para el caso de México, esperamos que se fortalezca la fiscalía para la protección de periodistas (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República), ya que creemos que es importante evaluar si esa fiscalía en este momento tiene capacidad institucional para actuar; porque la situación merece unos cuerpos de investigación que puedan actuar de manera rápida, sólida, eficiente y técnica”, señala.

No se trata de una necesidad secundaria, aclara la relatora especial:

“Entendemos la situación de un país acosado por una mafia de ese tamaño, pero nosotros creemos que una de las prioridades del Estado mexicano tiene que ser la defensa de los periodistas y de la prensa.”

El reportero le pide su opinión a Botero sobre el efecto que tiene en la prensa mexicana un caso como el asesinato de Valdés Espinosa.

–La autocensura es la condición para que el crimen organizado se desarrolle, pero además para que logre permear a otras instituciones: a las privadas y a las públicas. El silencio, el secreto, cuando la sociedad no habla sobre ese tema, genera el clima perfecto para que el crimen organizado pueda cooptar a las otras instituciones.

–¿Cuánto tiempo le costó a Colombia entender la importancia social de proteger a la prensa que estaba amenazada por el narcotráfico?

–Muchos años y muchos muertos, pero ya está (aprendida) esa experiencia.

–¿A México le está costando entenderlo?

–Yo creo que el Estado mexicano necesita hacer un esfuerzo mayor para entender la importancia de la libertad de expresión, sobre todo en estas circunstancias. Eso no es un lujo, a la delincuencia no sólo se le combate con armas, sino también haciendo público lo que sucede; controlando las decisiones de la administración y poniendo en alerta a la sociedad donde eso está pasando.

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visitará México en las próximas semanas para volver a plantearle directamente al gobierno de Felipe Calderón la urgente necesidad de que se brinde una mayor protección a los periodistas y para exigir el esclarecimiento de asesinatos como el del reportero Valdés Espinosa, del periódico Zócalo.

Por: Jesús Esquivel

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manda misión Internacional a México

En el 2009 fueron asesinados en México 11 comunicadores.

El pasado sábado se descubrió el cadáver del segundo periodista mexicano asesinado en el 2010

BALUN CANAN, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, ENERO 21 DE 2010.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó hoy con alarma por otro asesinato de un periodista en México y anunció que enviará una misión internacional a ese país que se reunirá con el Presidente Felipe Calderón para promover medidas que combatan la violencia contra la prensa.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del periódico de Miami Diario Las Américas, expresó que se debe estar alerta "ante una situación de violencia que parece incontrolable". "Es imprescindible nuestra solidaridad con los periodistas mexicanos y reiteramos a las autoridades de ese país la necesidad de que haya mayor voluntad política para enfrentar el problema que se cierne sobre el derecho del público a la información y la urgencia de buscar alternativas para frenar el terror", agregó.

El pasado sábado se descubrió el cadáver del segundo periodista mexicano asesinado en el 2010, José Luis Romero, de 43 años, adscrito a la radio Línea Directa.

Según la SIP, Romero había sido secuestrado el pasado 30 de diciembre y desde entonces se desconocía su paradero. Su cadáver fue hallado con signos de tortura a un costado de la carretera Los Mochis-San Blas, en el municipio de El Fuerte, al norte de Sinaloa.

El titular de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del diario El Universal de México, anunció que entre el 14 y 17 de febrero una delegación internacional de la SIP visitará México para mantener reuniones con Calderón y otras autoridades nacionales y de los estados.

El objetivo es "promover estrategias para que se pueda defender con mayor eficiencia la libertad de prensa".

Aguirre y Ealy Ortiz recordaron que desde hace más de diez años la SIP promueve la federalización de crímenes contra periodistas, agravantes para delitos contra la libertad de expresión y su no prescripción.

Asimismo, promueve medidas de protección para periodistas y un reordenamiento de funciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República.

Robert Rivard, director editorial del diario de Texas, San Antonio Express-News, dijo estar seguro de que si las autoridades mexicanas "hubieran tenido mayor voluntad política" con una legislación y sistemas de protección como se ha propuesto, habrían mejores condiciones para combatir la violencia y la impunidad que "rodea a crímenes contra periodistas".

De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el asesinato de Romero, quien cubría temas de seguridad y justicia, podría estar vinculado al crimen organizado, según la SIP.

Los informes policiales indicaron que el periodista habría sido asesinado con tres disparos, dos de ellos en la cabeza, poco después de ser secuestrado, y que su hallazgo se habría producido luego de que la Policía Municipal recibió una llamada anónima alertando sobre la ubicación del cadáver.

El asesinato de Romero se suma al de Valentín Valdés Espinosa, ultimado en el estado de Coahuila el pasado 8 de enero.
Última actualización el Jueves 21 de Enero de 2010 01:08

El secuestro de un periodista en Chihuahua

México D.F., 07 de enero de 2010 (CEPET).- Cleofas Ledezma Flores, conductor del noticiero Expresión de los Chihuahuenses, que se transmite por el Canal 10 de Cablemás en Chihuahua, Chihuahua (norte de México), fue privado de la libertad, golpeado y amenazado de muerte por un grupo de hombres armados, la madrugada del pasado jueves 17 de diciembre.

Según la versión del periodista y sus familiares, al menos seis sujetos uniformados, con las iniciales de la Procuraduría General de la República en sus ropas, irrumpieron alrededor de las 3:00 horas en su domicilio, ubicado en la colonia Unidad Proletaria, de donde lo sacaron a golpes, amagándolo con armas largas, para después subirlo a su propio vehículo, una camioneta Windstar de procedencia extranjera y sin placas de circulación.

Los sujetos maniataron al informador y le cubrieron los ojos con cinta adhesiva plástica, para luego llevarlo a un lugar solitario donde lo golpearon y le advirtieron que debía ofrecer disculpas en el espacio que conduce. “Por tu culpa, el jefe no va ser candidato, te damos hasta este viernes para que le pidas perdón y después renuncies en tu trabajo. Después te largas a la chingada de la ciudad, porque si no te vamos a matar cabrón”, le dijeron, según sus propias palabras.

Finalmente, los agresores le cortaron el bigote a navaja para luego desnudarlo, atarlo de pies y manos y abandonarlo junto con su camioneta en un baldío, en las inmediaciones de la Central Camionera, a una cuadra del boulevard Juan Pablo II. Al cabo de varios minutos, Ledezma Flores pudo liberarse, subir a su camioneta y pedir ayuda en un lugar cercano.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Chihuahua así como del grupo Control de Investigación, de Prevención, Operación y Logistica (Cipol), quienes acompañaron al periodista al área de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia, donde éste presentó su denuncia.

Este fin de semana, el Colegio de Periodistas del Estado de Chihuahua levantó una enérgica protesta y atribuyó a “sicarios de la política” la agresión contra el comunicador, la cual habría tenido el “propósito de acallar su voz, en clara manifestación directa contra la libertad de expresión”.

Conmociona asesinato de periodista en Coahuila


México D.F., 8 de enero de 2010 (ARTICLE19 / Cencos).- Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo Saltillo, apareció asesinado hoy en la ciudad de Saltillo, Coahuila (norte del país). Valentín Valdés fue secuestrado con un compañero, quien fue liberado después de ser fuertemente agredido.

Valentín Valdés Espinosa fue secuestrado por un grupo de desconocidos cuando circulaba en una camioneta acompañado de dos colegas del medio el 7 de enero alrededor de las 23:00 horas. Valdés Espinosa y uno de los acompañantes fueron obligados a bajarse de su camioneta en las inmediaciones del Boulevar Venustiano Carranza y a abordar el vehículo en el que viajaban los captores. Aproximadamente una hora más tarde uno de los acompañantes, -cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad-, fue liberado después de haber sido severamente golpeado. El cuerpo de Valentín fue encontrado alrededor de las 2:00 a.m. de hoy frente al Motel Marbella en el Boulevar Fundadores.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, inició la integración de una averiguación previa; se prevé que en las próximas horas dará una conferencia de prensa para dar a conocer los avances en las investigaciones. Sin embargo las fuentes consultadas por ARTICLE19 y Cencos dan cuenta del temor generalizado en la comunidad periodística del estado después de los hechos, por lo que muchos han decido no acudir a la conferencia ante la posibilidad de que existan represalías por la cobertura.

Valdés había colaborado como reportero en el periódico Zócalo Saltillo desde su fundación en 2008. Este periódico pertenece a un conglomerado de medios impresos y una estación de radio en el estado norteño de Coahuila; al igual que un gran número de medios impresos en la región, han sido objeto de amenazas y agresiones. Desde el 8 de junio de 2006, permanece desaparecido Rafael Ortiz Martínez, reportero del periódico Zócalo Monclova.

La última semana de 2009 un periodista más fue asesinado en Quintana Roo (sureste) y otro desaparecido en Sinaloa (norte). El comienzo de 2010 ha quedado marcado por la espiral de violencia e impunidad que continúa amenazando a quienes ejercen la libertad de prensa en México y por tanto el derecho de la sociedad a informarse.

ARTICLE19 y Cencos expresamos condolencias y solidaridad con la familia Valdés Espinosa, el equipo de Zócalo Saltillo, así como con el resto de la comunidad de periodistas.

Al mismo tiempo, hacemos un llamado al Estado mexicano, en particular a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para que realice una investigación efectiva que logre castigar a los responsables de los hechos.

Finalmente, ARTICLE19 y Cencos exigimos al Estado mexicano que, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantice el ejercicio de la libertad de expresión y ofrezca todas las medidas necesarias de seguridad a las personas que ejercen este derecho humano.

ARTICLE19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Cencos fue la primera organización de denuncia a las agresiones contra periodistas en México, iniciando está actividad a mediados de los años setenta. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

Relatoría especial, expresa su preocupación por asesinato de periodista

BALUN CANAN,Washington DC, 13 de enero de 2010 ( Relatoría Especial LE CIDH).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el asesinato del periodista Valentín Valdés Espinosa del diario Zócalo Saltillo en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, México, segundo hecho de estas características producido en las últimas tres semanas en ese país. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades mexicanas a fortalecer en forma urgente los cuerpos de investigación abocados al esclarecimiento de esta clase de crímenes, e insta al Estado mexicano a crear mecanismos especiales de protección que respondan de forma adecuada y efectiva a la grave situación de riesgo que sufren los periodistas en ese país, particularmente en la zona de la frontera norte.

Según la información recibida, el jueves 7 de enero de 2010, cerca de las 23:00 horas, el periodista de la sección local del diario Zócalo Saltillo, Valentín Valdés Espinosa, circulaba junto a dos colegas reporteros por el Boulevard Venustiano Carranza en la ciudad de Saltillo. Desconocidos que viajaban en dos camionetas los interceptaron y los obligaron a descender. Posteriormente, secuestraron a Valdés Espinosa y a otro reportero, quien fue liberado horas más tarde luego de ser golpeado. En la madrugada del viernes, el cuerpo de Valdés Espinosa fue hallado sin vida en el Boulevard Fundadores, frente al Motel Marbella, con un mensaje que no fue aún revelado por las autoridades a cargo de la investigación.

Durante el año 2009, al menos diez periodistas fueron asesinados en México por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión. La Relatoría Especial hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que investiguen el crimen de Valdés Espinosa y capturen y sancionen adecuadamente a los responsables.

La Relatoría Especial reitera en forma enérgica su llamado al Estado mexicano a que impulse de manera decidida las investigaciones existentes sobre los crímenes contra los comunicadores y a que adopte, lo antes posible, medidas indispensables para proteger a la prensa, tales como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo.

La Relatoría Especial recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Washington D.C., 11 de enero de 2010

Un periodista menos, una infamia más

México D.F., 15 de enero de 2010 .- El 8 de enero los medios de comunicación dieron a conocer que un día antes, Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo Saltillo, fue secuestrado y asesinado por un grupo de hombres armados. El cuerpo de Valentín presentaba huellas de tortura además de cinco impactos de bala de grueso calibre, la policía encontró además un cartulina con un mensaje: “esto les va a pasar a los que no entiendan el mensaje es para todos” (Sic). Reportero entusiasta, profesional y dedicado a su trabajo desde que era estudiante. Alumno ejemplar de la Universidad Autónoma de Coahuila lo cual le valió ser invitado a fundar el periódico Zócalo. Fuentes consultadas en el interior del gremio periodístico de la capital del estado opinan que la amenaza iba dirigida no sólo al equipo de reporteros y reporteras que constituyen al periódico Zócalo Saltillo, sino también al resto de la comunidad de periodistas de la región.

El temor y la falta de seguridad obligaron a sus compañeros a cuestionarse el asistir al funeral de Valentín e inclusive de trabajar al día siguiente por temor a represalias. No es la primera vez que se identifica la percepción de amenaza generalizada entre periodistas después de un caso semejante, pero es la primera ocasión en que existe evidencia de ello.

El optimismo de que el 2010 será un mejor año para el periodismo se desvaneció en los primeros días del año.

Otro periodista ha caído a manos de quienes intentan imponer el silencio. La lista de periodistas de Coahuila asesinados o que permanecen desaparecidos continúa creciendo a través de los años. El grupo Zócalo, propietario de varios periódicos locales y una estación de radio, lo ha vivido en carne propia. Rafael Ortiz Martínez, reportero también del periódico Zócalo, pero de Monclova, permanece desparecido desde 2006.

Recientemente, el periódico Zócalo Saltillo había estado dando cobertura a una serie de operativos en varios puntos de la ciudad que tuvieron lugar el 29 de diciembre y el 5 de enero. Fue el único medio de comunicación que decidió publicar información de fuentes distintas a la oficial tratando de ofrecer detalles a sus lectores.

Las notas fueron publicadas bajo la firma de “la Redacción”, siendo ésta la única herramienta disponible —en muchos casos— para quienes buscan evitar la autocensura. Sin embargo, los perpetradores sabían bien que Valentín era el objetivo; otro colega que cubría temas afines de seguridad, aunque de manera esporádica, fue golpeado severamente. Por fortuna está con vida.

A pesar de los intentos del gobierno de Coahuila de culpar al gobierno federal del secuestro y homicidio de Valentín, queda claro que fue el Estado mexicano en su conjunto el que falló.

Ambos órdenes de gobierno tienen una responsabilidad ineludible al no lograr instrumentar una política de prevención que logre contener lo que ha sido señalado, tanto por organizaciones mexicanas de la sociedad civil como por la comunidad internacional, como un patrón de violencia generalizado en contra de quienes ejercen la libertad de prensa.

Desahogar el homicidio de Valentín con una frase demoledora: fue el crimen organizado, denota una descalificación a priori por parte de las autoridades. La comunidad periodística necesita saber, a través de una diligente investigación, los motivos de tan artero hec ho de censura. Es el derecho de los familiares y amigos conocer los motivos y ver a los responsables enfrentar la justicia.

Ojalá me equivoque, pero la evidencia empírica señala que el caso de Valentín —junto a los otros casos de periodistas asesinados y desaparecidos— quedará atorado en los anaqueles de la impunidad. Una muestra más de lo lejano que está la sociedad de tener acceso a la justicia en este país.

Hasta cuándo en la sociedad tendremos certeza de quién y por qué están asesinando a periodistas. Hasta cuando las autoridades de los distintos órdenes de gobierno investigarán los casos, darán la certeza jurídica y erradicarán la impunidad. Son las autoridades las que tienen la obligación de investigar. Son ellas las que tienen que corroborar si los homicidios de periodistas ocurrieron por su ejercicio de la libertad de expresión. Mientras eso ocurre, no debemos ni podemos pensar en otra razón.

Al mismo tiempo, y en contraste, en Brasil se promulga Ley nº 18468/2009, la cual asegura la indemnización a los familiares del periodista Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía. Una respuesta de Estado ejemplar. Una respuesta que las autoridades mexicanas tendrían que replicar. No podemos claudicar ante esta exigencia.

Director de Artículo 19 para México y Centroamérica

Periodistas en China reciben ciberataques en sus correos


Los ataques se realizaron a periodistas extranjeros

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó a través de un comunicado su indignación y gran preocupación tras recibir ciberataques

BALUN CANAN, PEKÍN, CHINA, 19 DE ENERO DE 2010.- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó a través de un comunicado su "indignación y gran preocupación" tras los ciberataques contra las cuentas de correo electrónico de Gmail, de varios periodistas extranjeros que trabajan en China. "A través de los periodistas extranjeros que trabajan en Pekín, los hackers intentan probablemente obtener los contactos y la información de activistas en defensa de los derechos que aceptan hablar con la prensa", apuntó RSF.

Estas acciones "ponen en peligro a las fuentes e intimidan" a los periodistas, además de constituir "un gran ataque contra su libertad de informar, su vida privada y profesional", agregó la organización.

"Mi vida privada ha sido violada, y mucha gente ha sido puesta en peligro tras esto. Es horrible", declaró a RSF un periodista que no quiso revelar su identidad.

Ante esta situación, RSF exige explicaciones por parte del Ministerio chino de Información y Tecnología.

Además, la organización ha colgado en su página web una guía en la que ofrece consejos prácticos para ayudar a los internautas a preservar su anonimato y esquivar la censura.

Por su parte, el Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC, siglas en inglés) señaló ayer a sus miembros que al menos dos medios de comunicación extranjeros habían sido víctimas de hackers.

La FCCC, también ha informado a sus miembros sobre cómo saber si sus cuentas han sido pirateadas, y pide a los periodistas que presten atención a los enlaces a los que acceden, así como verificar que sus ordenadores están bien protegidos contra los virus.

El anuncio se produce después de que la semana pasada la multinacional de Internet Google asegurase que las cuentas de correo de Gmail de disidentes políticos y de empresas estaban siendo víctimas de un ciberataque por parte de China.

Google decidió replantearse su estrategia en China, donde está presente desde hace cuatro años, al entender que no se están cumpliendo los objetivos con los que se implantó en el país y que le llevaron a transigir con la censura gubernamental.

El pasado jueves, el gigante de Internet anunció que hablaría con las autoridades chinas sobre la posibilidad de operar un servicio de búsqueda sin censura dentro de China y si eso fuera imposible, entonces cerraría Google.cn.

China tiene la mayor población internauta del mundo, con cerca de 384 millones de usuarios, pero también es uno de los países más censores con la red, según denuncian sistemáticamente las organizaciones de derechos humanos.

Debaten sobre presunción de inocencia y derecho a la imagen propia

México D.F., 19 de enero de 2010 (Insyde).- De la misma manera que durante la última década México vive circunstancias inéditas relacionadas con la seguridad ciudadana, la justicia penal y la violencia, como nunca existe una creciente preocupación de ciertos grupos sociales por la manera como las instituciones exhiben en los medios noticiosos a personas que habrían entrado real o supuestamente en contradicción con la ley penal. A lo largo de enero, por ejemplo, dos diarios de la Ciudad de México prestaron atención al asunto, a la vez que una asociación civil de Monterrey se pronunció tras un suceso en el municipio de San Pedro Garza García.

El 28 de octubre del año anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la “Tesis aislada CLXXXVIII/2009” que resuelve el Amparo directo 9/2008 —interpuesto por las personas detenidas en Chiapas por haber presumiblemente asesinado a 45 habitantes tzotziles de la comunidad de Acteal, en la zona de los Altos, en diciembre de 1997— y según la cual es un “acto de molestia” “la toma de fotografías a quienes no tienen la calidad de detenidos o presuntos responsables”, en virtud de que “menoscaba o restringe derechos de la persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas a la protección de datos personal! es”.

La tesis abunda, añadiendo que “el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo… [o] un deterioro en sus derechos, de naturaleza continuada, pues mientras el resultado del acto (las fotografías) no se eliminen, el acto de molestia continúa”. Aunque meses después, el 7 de enero pasado Milenio dio noticia de esta “Tesis aislada”.

A la semana siguiente, el 12 de enero, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC-CADHAC, emitió el Comunicado 1001/02/BP, titulado “La exhibición de detenidos ante la prensa viola derechos humanos”.

Con base en la “Tesis aislada” que se cita arriba y hechos ocurridos en el municipio neoleonés de San Pedro Garza García dos días antes —cuando autoridades “autorizaron la exhibición pública de diversas personas detenidas por supuestamente participar en juegos de azar en establecimientos que al parecer no contaban con los permisos correspondientes”—, la asociación civil recuerda que la “acción de exhibición de detenidos es una conducta común en nuestras autoridades y es violatoria de derechos humanos”.

Finalmente, CADHAC “exhorta a las autoridades a apegar su conducta a los más altos estándares que en materia de derechos humanos rigen en nuestro país y, en consecuencia, terminar con la práctica de exhibir detenidos y procesados”.

Dos días más tarde, el 14, El Universal publicó en primera plana una nota basada en declaraciones —aparentemente recogidas ex profeso— de “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos” y su primer visitador, Luis García, afirmando que “la presentación de personas ante medios de comunicación, a quienes se les imputan delitos y más tarde no son comprobados, son flagrantes violaciones a las garantías individuales que vulneran el derecho de presunción de inocencia”.

El Proyecto de Violencia y Medios del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, juzga de gran relevancia para el interés público que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se expresara al respecto, así como el que la sociedad civil y los propios medios noticiosos informen, reflexionen, debatan y actúen sobre esa práctica antidemocrática de condenar ciudadanos a través de los llamados tribunales paralelos, no sólo exhibiendo a detenidos que no han sido sentenciados en firme por un tribunal, sino criminalizándolos y estigmatizándolos —legitimando con ello el supuesto autoritario de que existen ciudadanos que por su estatus ante la ley penal dejan de ser sujetos de derecho.

El silencio no es la mejor opción

Jueves 21 de Enero de 2010 00:33


México D.F., 21 de enero de 2010 (Judith Macgregor / London eye /).- El trabajo periodístico puede poner, a quienes lo ejercen, en una posición vulnerable. El reportar sobre asuntos delicados como la guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado puede significar que los reporteros sean amenazados, secuestrados y asesinados si siguen investigando sobre el tema. Lamentablemente, este es un asunto que cada vez preocupa más. En 2009 fueron asesinados 132 periodistas alrededor del mundo. Una docena de ellos eran mexicanos y, trágicamente, uno más perdió la vida en Saltillo durante la primera semana de enero.

Desde 2007 hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales como Cencos y Artículo 19, para crear una metodología estandarizada que apoye en la documentación de casos de agresión contra periodistas, así como el ofrecerles herramientas para trabajar en circunstancias más seguras.

Esta metodología es la primera en su tipo en la región y ha marcado el camino para que otros países en Centroamérica implementen sistemas de monitoreo similares. Más información sobre este proceso está disponible en el sitio www.libertad-expresion.org.mx, donde podrán encontrar información actualizada sobre los ataques contra periodistas y la libertad de expresión.

Asimismo, colaboramos con la Fundación Rory Peck en septiembre de 2008, ofreciendo capacitación para periodistas mexicanos y latinoamericanos, para aprender a trabajar en ambientes difíciles.

Creemos que es muy importante continuar enfocando nuestra atención en esos problemas siempre que ocurran. Es un asunto complicado, incluido para los medios. ¿Deben los editores dejar de infomar a los lectores sobre estos asuntos, sólo para asegurarse de que las vidas de los periodistas están a salvo? Esto es algo que tiene que evaluarse cuidadosamente, pues el silencio no es la mejor opción.

El apoyo de los medios es necesario para ayudar a evidenciar lo que no está bien. El apoyo del público es también necesario para ayudar a las autoridades a perseguir los crímenes y crear una atmósfera de mayor confianza al desenmascararlos.

En este año mi equipo seguirá trabajando con socios mexicanos para difundir nuestros proyectos relacionados con la libertad de expresión.

En este sentido, la semana pasada leí sobre la reunión de diplomáticos mexicanos en la Ciudad de México, sobre la contribución que las embajadas pueden hacer para asegurar que se proyecte una buena imagen de su país en la prensa y los medios de la nación anfitriona.

Esta no es una cuestión de difundir sólo mensajes favorables sobre el país propio. Más bien, se trata de mostrar un panorama equilibrado y certero, para que el público pueda formar sus propias opiniones y aprender más de una nación con la cual no tiene una experiencia directa.

Uno de los propósitos de este año será el brindar tanto en Reino Unido como en México, la mayor y más exacta información sobre nuestros países, porque hay muchas percepciones equivocadas, así que trataremos de corregirlas.

Asimismo, con mucho gusto veo que el Senado mexicano está revisando una iniciativa de ley para perseguir a nivel federal los ataques criminales contra periodistas. Espero que estos crímenes puedan resolverse y que los periodistas encuentren un ambiente más seguro para desempeñar su labor aquí y en cualquier otro lado. Por supuesto que seguiremos trabajando para cumplir esa meta.

No se va a imponer el silencio a periodistas

Ricardo González, "No se va a imponer el silencio en los periodistas" PDF Imprimir Correo electrónico

Jueves 21 de Enero de 2010 00:40

BALUN CANAN, Culiacán,Sinaloa 21 de enero de 2009.- Urge crear una política de protección para los periodistas, ante la falta de seguridad que se vive en el estado de Sinaloa, señaló el oficial del programa de Protección y Libertad de Expresión del Artículo 19 en México y Centroamérica, Ricardo González. Ante ello propone la creación de un comité de protección para periodistas. Cómo ve la situación de los periodistas ante la violencia que se vive en Sinaloa?

-Falta una solidaridad que se traduzca en medidas colectivas de seguridad.

¿En qué nivel se encuentra Sinaloa en cuanto a agresiones a periodistas?

-Sinaloa está entre las zonas de alto riesgo y se encuentra entre el lugar quinto o sexto del país.

¿Cuántas agresiones contra periodistas se tienen en el país?

-246 agresiones, que varían desde un ataque físico hasta homicidio o desaparición.

De los 59 casos de asesinatos, el 90 al 95 por ciento siguen impunes. Desaparecidos eran 11, y baja a 10, por el hecho de que el cuerpo de José Luis Romero apareció.

¿Qué falta en Sinaloa?

-Definitivamente falta mucho apoyo, como el que existe en el caso de Colombia, en Brasil, donde si un periodista es agredido, otro retoma sus investigaciones y temas que estaba investigando, como una manera de señalar que no importa cuánta violencia exista, no se va a imponer el silencio. Este es el siguiente paso que el gremio periodístico debe retomar, el combatir el silencio, informando.

¿Qué busca con la investigación en Sinaloa?

-Recuperar información en materia de libertad de prensa en el estado. Ya llevamos un año documentando agresiones de reporteros y reporteras de Sinaloa a mano de distintos actores.

Sin embargo, el caso de José Luis Romero, de Línea Directa, nos alarmó más por las consecuencias que tuvo, pero principalmente, lo que vaya a traer para el resto de los colegas y quienes ejercen el periodismo en el estado.

Sinaloa es escenario de la política del combate contra el crimen organizado y de la actividad de este tipo de grupos. Esto pone a los que buscan ejercer la libertad de expresión en una situación delicada.

Por eso, muchos periodistas tienen que recurrir a la autosensura por miedo a represalias y han tenido una repercusión en la calidad de la información.

¿Qué otros casos viene a analizar al estado?

-El caso de Óscar Rivera, el de la agresión a los medios de comunicación de EL DEBATE y Río Doce.

Así como una serie de agresiones de elementos federales y locales en contra de los reporteros.

Ya con los resultados se buscará hacer llegar la información a la OEA y la ONU.

Se producirá un informe anual de la seguridad que se vive en el estado.

¿Qué es lo que se verifica en los distintos casos?

-Lo que estamos checando es la diligencia y la respuesta de las autoridades para integrar una averiguación previa, las funciones de seguridad de la familia y los colegas, lo cual es de suma importancia. Así como el efecto potencial que tendrá esto en el resto de los periodistas.

¿La seguridad a reporteros no existe en el estado?

-No. Ese es un punto importante que se ha relacionado con la investigación. Con el Artículo 19 se está impulsando la creación de un comité de protección, evocando el ejemplo del caso colombiano.

Prácticamente, la totalidad de los casos de homicidio que siempre han tenido amenazas previas, y no son atendidas con la seriedad que deben de tomarse.

Se busca que el gobierno empiece a ofrecer las garantías de seguridad para que las y los periodistas no tengan que recurrir a la autocensura.

En el caso colombiano, las medidas de seguridad que se dan son un llamamiento público, chaleco antibala, escolta, o la salida del país.

Ante esta situación, dijo que en México se tienen ya pláticas con las autoridades gubernamentales por los casos de agresiones que se tienen en contra de los periodistas. En especial, este proyecto se busca con quienes están en los diferentes estados, como el de Sinaloa.

domingo, 10 de enero de 2010

Agresiones directas a la libertad de expresión

México D.F., 5 de enero de 2009 (Cencos).- México destaca a nivel mundial desde hace varios años por aparecer en los primeros lugares de zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, a pesar de ser considerado un país democrático. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no sólo violan derechos individuales sino que atentan contra el derecho de una sociedad a estar informada de manera veraz, oportuna, objetiva, diversa y clara.

Lamentablemente, en 2009 las cifras de agresiones a la libertad de expresión no han descendido. Diez periodistas han sido asesinados y otra más permanece desaparecida (de 2000 a la fecha se han registrado 9 desapariciones, siendo la última desaparición, la primera de una mujer). Amenazas y diferentes formas de intimidación condicionan la labor periodística y la autocensura se instala como parte del trabajo cotidiano, especialmente en aquellos estados donde son patentes la presencia del crimen organ! izado y sus posibles vínculos con las estructuras de gobierno. Las instalaciones de los medios son objeto de atentados. Las corporaciones policiales y los miembros del ejército intimidan, agreden y detienen a reporteros y reporteras que cubren sus operativos.

En el ámbito local, los voceadores son agredidos y sus ediciones confiscadas por difundir contenidos que cuestionan las prácticas de funcionarios públicos. La concesión de publicidad oficial es utilizada como medio de presión en contra de los medios que mantienen líneas editoriales más independientes. Además, los aparatos de justicia se utilizan para perseguir a periodistas y a comunicadores y comunicadoras de radios comunitarias.

Brisa Maya Solís, Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destaca que la postura del gobierno ha sido la de vincular las agresiones a periodistas con el crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que Cencos realiza conjuntamente con Article19 se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.

En la amplia forma de agresiones a la libertad de expresión en México, también destacan las agresiones en contra de las radios comunitarias, que además no cuentan con una ley que permita su reconocimiento jurídico pleno, dejando un vacío al no generar las condiciones para la legislación sobre las mismas, y sobre lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a no criminalizar su labor.

Las recomendaciones de organismos internacionales han generado nuevos compromisos para el estado mexicano en 2009, como las ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya visita oficial está pendiente desde junio de 2007, ha emitido diferentes comunicados instando a investigar y sancionar a los responsables de las graves agresiones que se han dado este año. En el plano nacional, la CNDH ha realizado diversas recomendaciones: u! na general que trata el tema de la impunidad que prevalece en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y otras más específicas sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y de frenar los acosos judiciales como una forma indirecta de coartar la libertad de expresión.

Ante todo esto, la respuesta del estado mexicano ha sido insuficiente y adolece de falta de voluntad política para detener este problema. Darío Ramírez, Director de la Oficina de México y Centroamerica de Article19 sostiene: “Seguimos contando víctimas. Seguimos recibiendo un mensaje de indolencia por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia. Seguimos viendo cómo la impunidad alimenta e incita futuros actos de violencia. Seguimos preocupados por simular un México democrático que no existe. Porque en toda democracia, ejercer la libertad de prensa en un contexto de seguridad es un elemento indispensable.”

El balance del año 2009 es negativo. Sobre la mesa permanecen una serie de pendientes a los que el estado no ha dado la atención adecuada, tanto en materia de legislación, de políticas públicas y de lucha contra la impunidad. Pero, ante todo, está la necesidad urgente de generar mecanismos para proteger el desempeño periodístico y la libertad de expresión, en los que deben participar el gobierno, los y las pe! riodistas, las empresas de comunicación y la sociedad civil.

Centro Nacional de Comunicación Social

2009, año negro para la prensa en México

México D.F., 5 de enero de 2010 (Dario Ramírez / El Universal).- ¿Qué tienen en común Somalia y México? Que ambos países disputan los primeros lugares en asesinato a periodistas en el mundo. Somalia, país africano que ha vivido una sangrienta guerra civil por más de 15 años. México, democracia en transición con un sistema de justicia colapsado.

El año que terminó, 2009, ha sido letal para el periodismo en México. Hoy contamos 9. Durante este año se engrosó la lamentable lista de comunicadores desaparecidos, que llegó a 9. El año termina como uno de los peores en la historia del periodismo en nuestro país. Las respuestas a dichos asesinatos siguen lejanas. Este año pasa sin soluciones. Pasa con silencio de aquellas autoridades encargadas de solucionar los problemas más serios de nuestro país. Pasa contando más periodistas caídos. El año pasó y las autoridades responsables (Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación resultó incapaz de concretar políticas internas que favorezcan la libertad de expresión, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció “voluntad y explicaciones” pero pasó un año más y los relatores de la OEA y ONU siguieron sin visitar nuestro país de manera oficial. El dicho de que la invitaci! ón a ambos relatores es abierta y continua cae por su propio peso y se vuelve una frase vacía más del gobierno mexicano a la comunidad internacional). El año finaliza con un evidente desdén y carencia de voluntad política del gobierno federal y de los ejecutivos locales de Durango, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El año terminó y las autoridades podrán seguir vociferando su compromiso, pero la realidad es fría e indica que su trabajo no lo hicieron bien. Hay nueve periodistas caídos que se los recordarán.

El 2009 terminó con la incómoda lectura del informe anual de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP). Con una destreza inaudita para hacer alquimia con las cifras el informe logró no decir nada. Logró, una vez más, hacer evidente que la Fiscalía es inútil. Su informe señala con nítida claridad que más que una instancia para procurar justicia, la Fiscalía se ha convertido en una oficialía de partes. Porque aunque el informe intente afirmar lo contrario, la realidad contradice a la PGR y señala que no se han investigado los casos de periodistas abatidos. Su nulidad es conocida por periodistas en todo el país. Aquellas personas que se han acercado a ella han sufrido en carne propia su incapacidad. Hoy es claro que la Fiscalía carece de legitimidad y confianza de las personas que debería de proteger. La lectura posterior del informe logró, con un desmedido esmero, dejar claro que lo ! mejor que podría pasar a los contribuyentes que mantenemos la Fiscalía es que sufra una severa reforma para atender el problema por el que fue creada.

El año deja un sinfín de tareas pendientes para fortalecer la libertad de prensa en México. Si nuestro deseo es que nuestra prensa se fortalezca, si lo que queremos es no competir con Somalia, la agenda del año 2010 deberá estar enmarcada en crear una nueva instancia especializada con un marco jurídico adecuado para la investigación de los delitos contra quienes ejercen la actividad periodística; una vez que tengamos una instancia federal capaz es necesario que se dé de manera pronta la aprobación de una ley que federalice los crímenes contra la libertad de expresión. De manera especial se deben de redoblar esfuerzos para trabajar en la discusión y posterior instalación de un programa de prevención contra agresiones a periodistas. Si funciona, dicha política de prevención será lo único que haría disminuir las agresiones a periodistas.

El 2009 lo recordaremos como año negro para la prensa, un año en el que el silencio e inacción provocó la muerte de colegas periodistas. Un año en el que la voluntad de los políticos no fue solucionar el problema, sino enterrarlo o hacerlo de lado. Sólo queda trabajar para que el siguiente año los nubarrones de la violencia contra la prensa se disipen y el horizonte sea más claros para todos y todas.

Director de Artículo 19 para México y Centroamérica

Condena la CNDH nuevas agresiones contra periodistas

México D.F., 5 de enero de 2006 (CNDH).- Cada vez son más los informadores víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas, señaló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En relación con el caso de José Luis Romero, reportero del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, reportado como “levantado” y desaparecido desde el pasado 30 de diciembre, subrayó que México se ha convertido en país de alto riesgo para el trabajo periodístico.

También citó el caso de José Luis Ruiz, camarógrafo de Televisión Azteca, quien fue agredido en Teotihuacán, Estado de México, cuando cubría un conflicto laboral.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos les demandó eficiencia en defensa y protección de quienes ejercen el periodismo.

Resulta muy lamentable que las agresiones a los periodistas queden sin castigo; hace falta eficacia a las investigaciones para dar con los responsables y no prevalezca la impunidad, sostuvo Raúl Plascencia Villanueva.

En cuanto a los casos de los reporteros agraviados, informó que la CNDH abrió expedientes de queja y recaba elementos para resolver sobre la presunta violación a su libertad de expresión.

Destacó que el compromiso de la CNDH respecto de la libertad de expresión es investigar los casos de su competencia, denunciar lo que ocurre y demandar de las autoridades el cumplimiento de su responsabilidad.

Con el caso de José Luis Romero el número de periodistas desaparecidos se eleva a 9 del año 2000 a la fecha, en tanto que el número de homicidios de periodistas es de 57 y 7 son las instalaciones de medios de comunicación que han sufrido atentados con explosivos.

La CNDH dará seguimiento a la evolución de los hechos y, en su momento, emitirá las resoluciones que conforme a derecho correspondan.

lunes, 4 de enero de 2010

Ordena Juez liberar al único implicado en el Asesinato del Periodista “Brad Will”

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Oaxaca, Oax. 4 de enero de 2010 (Óscar Rodríguez /Milenio).- Una juez federal con cede en Oaxaca, ordeno poner en libertad a Juan Manuel Martínez Moreno, presunto activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y único implicado en el crimen del norte americano Brad Will, ocurrido en octubre del 2006. La juez 5ª de distrito, Rosa Iliana Noriega Pérez, resolvió el juicio de amparo 941/2009 presentado por la defensa y en contra de al auto de formal prisión, determina do por el juez 4ª de lo penal Luis Salvador Colmenares, por el delito de homicida calificado.

En la resolución se establece que Martínez Moreno no tiene ninguna responsabilidad directa en el asesinato del extranjero, se argumenta que hubo pruebas prefabricadas realizadas por el ministerio público federal dependiente de la Procuraduría General de la Republica.

La defensa, el abogado del activista, Giliberto López Jiménez quien también logro la excarcelación de Flavio Sosa Villavicencio, principal dirigente de la APPO. Dijo que una vez resuelto el amparo la justicia de Oaxaca, tiene un termino de diez días, a partir de que la sentencia causa ejecutoria, para sacar de prisión a Martínez Moreno, es decir hasta el 16 enero de 2010 .

De acuerdo con la causa 155/2008, el activista según testigos había realizado un único disparo a quema ropa contra el estadunidense, el pasado 29 de octubre del 2006, cuando en el municipio de Santa Lucia del Camino, activistas de la APPO y maestros de la Sección XXII, se enfrentaron contra un grupo de paramilitares al parecer policías municipales vestidos de civil que evitaban la toma del palacio municipal del lugar, y en su tiempo gobernada por el priista Manuel Martínez Feria.

tras tres años de reveses y alegatos en los tribunales, poco a poco se han ido desvaneciendo los señalamientos que responsabilizaban al único presunto implicado del crimen. Apenas en noviembre pasado un camarógrafo se Televisa testigo protegido por la PGR en el caso, se echo para atrás del argumento que sostenía, respecto a que el disparo contra Brad Will salio del bando de la APPO.

Martínez Moreno se encuentra en prisión encarcelado en una pequeña crujía, de la penitenciaria central de Ixcotel, donde admite y reconoce siempre que ha sido preso político del gobierno de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz.

Por otra parte la sección XXII del STE dio a conocer que la libertad de Martínez Moreno es ya una bandera de lucha de su movimiento, adelantando acciones de protesta para evitar que la justicia federal quiera volver a torcer la ley para mantener en prisión a un inocente

El secretario de organización del magisterio Gabriel López Chiñas dijo que el caso Brad Will, en su esclarecimiento forma parte de la minuta de acuerdo presentada ante el gobierno de Felipe Calderón, y donde esta pendiente de resolver la apertura de una nueva línea de investigación para encontrar a los verdaderos responsables del asesinato en contra de del estadunidense William Bradley Roland.