La difusión de los dichos de Sergio Villareal que implican a la Revista Proceso y a su colaborador, el periodista Ricardo Ravelo, carece de todo sustento probatorio y, al mismo tiempo, viola los derechos de presunción de inocencia y debido proceso al promover un juicio mediático, lo cual expone a un serio riesgo la integridad física del comunicador y el resto de colaboradores del semanario.
La protección de los medios de comunicación y voces críticas o disidentes resulta esencial para cualquier democracia por lo que promover su estigmatización a través de juicios mediáticos contraviene los principios que la sustenta. En un contexto de violencia, el ejercicio de un periodismo crítico e independiente resulta crucial para la rendición de cuentas y construcción de una cultura de paz.
La libertad de prensa se debe de ejercer respetando derechos fundamentales, principios legales nacionales e internacionales que deben de atender todos los medios de comunicación al momento de difundir información. La validez informativa debe de salvaguardar la integridad física y dignidad de las personas involucradas y no promover agendas políticas de grupos específicos incluyendo a las autoridades.
ARTICLE 19 no busca hacer un juicio sobre la calidad periodística de los medios de comunicación y periodistas involucrados en la actual controversia, sino señalar los efectos que esta tiene en el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos humanos. Las audiencias, como beneficiarias y destinatarias últimas del flujo de información, deben alzar la voz para exigir a sus comunicadores, el tipo de información que requieren.
ARTICLE 19 rechaza de manera enérgica la promoción de juicios mediáticos y la estigmatización de medios de comunicación y periodistas críticos e incómodos. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano adopte medidas inmediatas para proteger la integridad física de Ricardo Ravelo y el resto de los y las colaboradoras del semanario.
Al mismo tiempo, exigimos que el Estado mexicano se abstenga de interferir en el libre flujo de ideas, información y opiniones a través de la filtración selectiva de información. De manera particular, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República a establecer una política de comunicación acorde con los principios de legalidad, transparencia y apertura propios de un régimen democrático.
La filtración de información o documentos como una política de comunicación es incompatible con los principios democráticos, ya que contraviene los principios de transparencia, máxima publicidad y difusión proactiva de información.
